El drama que muchos extranjeros viven en las islas es expuesto por los presidente de cuatro asociaciones de inmigrantes: de Brasil, Sandra de Melo; de Marruecos, Mustafa Boulharrak; de Colombia, Norbey Andrade; y de Portugal, Fernando Cabaço, que forman parte del conjunto que organiza una plataforma para hacer frente a estas situaciones, y de la que en principio también podrían ser parte las asociaciones de Venezuela, R. Dominicana o Bolivia, entre otras muchas.
Pues conforme recuerdan los denunciantes, en el mes de junio se mantuvo una asamblea con la entonces encargada del Gobierno en las islas, Rosario Sánchez, en la que estuvo presente el actual titular en funciones de este cargo, Ramón Morey, para exponer el alcance del inconveniente. Conforme los presidentes de estas asociaciones, la contestación que consiguieron es que las demoras se deben a la escasez de personal por la marcha de funcionarios y no poder reponerlos. Y por el momento nada mejora.
Esto provoca situaciones como que una pareja de extranjeros que ha tenido a su hijo en Mallorca lleve prácticamente 6 meses esperando poder tramitar la nacionalidad española de éste, o bien que otra persona lleve ya más de dos meses procurando conseguirlo para convalidar su carné de conducir, por refererir algunos ejemplos.
El inconveniente, se añade, afecta también al servicio para extranjeros de la Policía Nacional, al que se asiste para registrar la huella digital y gestionar el número de identificación (NIE), para lo que las esperas a la hora de lograr cita anterior amontonan también varios meses. Una situación que afecta tanto a extranjeros comunitarios como extracomunitarios, de ahí la participación de la asociación de portugueses en la plataforma.
Este enfrentamiento hace que se esté acumulando el número de inmigrantes que ven como sus autorizaciones para residir en las islas caducan, o bien aun como se les bloquea la posibilidad de proceder a la reunificación con sus familias. En este último caso con un inconveniente adicional: para realizar esas reunificaciones es preciso conseguir una documentación en el país de origen que tiene un coste económico y también caduca, con lo que no lograr cita anterior supone tener que volver a solicitarla. "La impotencia que bastantes personas sienten es enorme", se asegura.
Todo eso si se quiere hacer estos trámites de forma gratuita. Por el hecho de que las asociaciones de extrajeros recuerdan que la Delegación del Gobierno tiene un acuerdo con ciertos institutos profesionales, como el de abogados, que tienen acceso con mayor sencillez a las citas anteriores, pero eso supone pagar cincuenta euros para obtener sus servicios.
Como toda vez que un inconveniente afecta a bastantes personas, surge la picaresca, con la aparición de un 'mercado negro' por la parte de individuos que consiguen un paquete de citas previas y luego las ofrecen a cambio de cantidades económicas que pueden ser de cientos y cientos de euros, según se señala.
